Más de 240 indígenas michoacanos en prisión sin defensoría publica

Redacción/ Noventa Grados

Morelia, Mich.- 30 de julio 2013.- La gran mayoría de las personas indígenas en situación de cárcel en Michoacán carecen de defensoría pública, por lo que su situación legal se encuentra en una especie de limbo en el que también están sujetos a una especie de incomunicación puesto que son escasos los defensores de oficio que hablen alguna lengua autóctona, y que conozcan los usos y costumbres donde los delitos son entendidos y castigados de diferente manera.

Ante esa suerte de indefensión penal que enfrentan los 245 indígenas en situación de cárcel en la entidad según el último registro que data de 2012, la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa trabaja en el diseño de una iniciativa de reforma a la Ley de la Defensoría Pública para garantizar que cuenten con un defensor que conozca su idioma y entienda sus usos y costumbres.

De los indígenas en reclusión en Michoacán, más del 85 por ciento delinquieron por primera vez, señaló Marisol García Ramírez, asesora de la senadora, y añadió que los delitos más recurrentes son robo y violación.

El tema de la procuración de justicia es más complejo para los indígenas, ya que en sus comunidades, de acuerdo con los usos y costumbres, tienen otra valoración de los delitos y de los castigos que ameritan; “cuando alguien comete una acción contra la comunidad la castigan más que las acciones contra individuales, y los hacen realizar trabajo comunitario a manera de castigo”, apuntó Calderón Hinojosa.

Sin embargo, la idea de justicia en algunas comunidades puede rayar en lo absurdo; “por ejemplo, cuando alguien viola a una chica lo obligan a casarse con ella o si mata al marido tiene que mantener a la viuda todo el tiempo y cumplir con todas las funciones del cónyuge”.

Luis María Calderón considera que un defensor de oficio, además de apoyar al indígena en su propia lengua, tiene que ser capaz de explicarle que hay razones o valores culturales distintos, y que el acusado pueda entender la gravedad que cobra el delito que cometió fuera del ámbito de sus usos y costumbres.

La senadora subrayó que ante la implementación del nuevo sistema de justicia penal el próximo año, que traerá consigo los juicios orales, resulta aún más pertinente reformar la Ley de la Defensoría Pública para que los indígenas puedan tener apoyo en su lengua durante el proceso penal, y que sea acompañado por alguien que entiende la organización comunal y su sistema de usos y costumbres.

De acuerdo con las estadísticas que refiere Marisol García el panorama no es nada alentador, pues asegura que el Instituto Nacional de Defensoría sólo tiene registrados a 24 intérpretes en lengua indígena, de los cuales cinco podrían estar en Michoacán.

Calderón Hinojosa comentó que han alentado la firma de convenios con la Universidad Vasco de Quiroga para que los estudiantes a punto de egresar de derecho apoyen a los indígenas que no tienen abogado; sin embargo, sigue pendiente fortalecer el tema de la defensoría en lenguas originarias.

Desde la perspectiva de la senadora, el tema de la equidad en el acceso a la justicia exige cambios profundos que deben empezar desde el modelo educativo, por lo que recordó que en 2003 hizo una propuesta de reforma a la ley de educación “para que aprendan en la primaria cómo es la organización social de los pueblos indígenas y cómo es la lengua originaria de la región en que vivimos. ¿Cómo un abogado pretende defender a un indígena si no entiende la lengua, y si no entiende la forma en que ellos valoran las conductas?”